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Senado aplaza dictamen contra feminicidio para escuchar a las víctimas

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El Senado de la República amplió el plazo para elaborar el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de continuar las consultas con víctimas, especialistas y organizaciones civiles antes de someter la propuesta a votación. La decisión fue informada el domingo 11 de octubre por Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, luego de que la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, solicitara formalmente una prórroga el pasado 5 de octubre. La medida modifica los tiempos de revisión legislativa, pero no implica el rechazo de la iniciativa.


El proyecto busca establecer criterios comunes para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país, así como mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales. Entre los asuntos que continúan bajo análisis se encuentran la atención a hijas e hijos de las víctimas, la tentativa de feminicidio, las medidas de protección para sobrevivientes y las circunstancias que podrían agravar las sanciones. Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera también revisan propuestas de distintas fuerzas políticas, por lo que el documento final no se limitará a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.



La ampliación del plazo responde a los planteamientos recogidos durante las mesas de diálogo realizadas en el Senado, donde familiares de víctimas, organizaciones civiles y especialistas han expuesto observaciones sobre el contenido de la futura legislación. Martínez Miranda sostuvo que es necesario revisar estos señalamientos antes de concluir el dictamen. El artículo 212 del Reglamento del Senado permite conceder prórrogas a las comisiones cuando la complejidad de un asunto requiere más tiempo de análisis. Por su parte, Mícher Camarena informó días antes que existían coincidencias entre los grupos parlamentarios y que la intención era avanzar hacia la aprobación de la ley antes del 25 de noviembre.


La discusión es relevante porque una ley general permitiría establecer bases nacionales para investigar el feminicidio y definir las responsabilidades de las instituciones encargadas de atender a las víctimas, en un ámbito donde actualmente intervienen distintas autoridades y legislaciones estatales. Sin embargo, la ampliación del plazo deja pendiente la presentación del dictamen y su eventual discusión en el Pleno. Aunque las comisiones mantienen como objetivo avanzar durante noviembre, hasta el 12 de octubre no se ha confirmado una nueva fecha límite ni un calendario público para las siguientes mesas de consulta. Una vez aprobado por el Senado, el proyecto todavía deberá continuar su trámite en la Cámara de Diputados.

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