SCJN decidirá si México necesita una ley para proteger a quienes huyen de la violencia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir un proyecto que propone negar un amparo relacionado con la falta de una ley federal para atender el desplazamiento forzado interno en México. Ante la próxima revisión, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) difundió este lunes 12 de octubre un posicionamiento en el que pidió a las ministras y ministros rechazar la propuesta. El asunto, identificado como Amparo en Revisión 269/2025, está a cargo de la ministra María Estela Ríos González y plantea una discusión sobre las obligaciones de las autoridades frente a quienes han tenido que abandonar sus hogares por situaciones de violencia.
El juicio promovido por el CNLE señala tres presuntas omisiones de las autoridades federales: la ausencia de una legislación nacional específica, la falta de una institución encargada de atender a las personas desplazadas y la inexistencia de un presupuesto destinado expresamente a esa tarea. Sin embargo, el proyecto de resolución considera que no existe un mandato constitucional o convencional suficientemente específico que obligue al Congreso de la Unión a expedir una ley sobre desplazamiento forzado interno. Bajo ese razonamiento, propone negar el amparo, aunque reconoce la existencia del problema y las acciones que distintas autoridades han desarrollado para atenderlo.
La organización sostiene que la falta de un marco federal dificulta garantizar una atención integral a las víctimas, quienes pueden perder no solo sus viviendas, sino también sus empleos y el acceso a servicios de salud y educación. El debate tiene un antecedente en octubre de 2024, cuando la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió otro amparo relacionado con el desplazamiento interno. En aquella ocasión determinó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no constituyen, por sí mismas, una obligación legislativa exigible mediante un juicio de amparo. Esa resolución no desconoció la necesidad de atender el fenómeno, pero estableció límites sobre las obligaciones que pueden reclamarse por esa vía.
La discusión prevista para el 13 de octubre permitirá conocer si el Pleno mantiene el criterio propuesto o adopta una interpretación distinta sobre las responsabilidades del Estado. Para las personas desplazadas, el alcance del fallo será relevante porque determinará la respuesta judicial a las omisiones denunciadas, aunque una eventual negativa de amparo no eliminaría sus demás derechos ni impediría por sí misma la aprobación futura de una legislación. Hasta este lunes, el documento consultado corresponde a un proyecto y no a una sentencia definitiva. La decisión dependerá de la deliberación y votación de las ministras y ministros de la Suprema Corte.
