Ley de pagos digitales avanza al Senado; Hacienda definiría sectores obligados
Los pagos digitales podrían ganar terreno en trámites públicos y actividades económicas específicas si avanza la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada el 6 de octubre por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. El proyecto obtuvo 330 votos a favor y 122 en contra en los artículos no reservados, mientras que las disposiciones discutidas por separado fueron avaladas con 327 votos a favor y 122 en contra. La aprobación en San Lázaro todavía no convierte las nuevas reglas en ley ni elimina de manera general el uso del efectivo.
El ordenamiento contempla el uso de tarjetas, transferencias, códigos QR, tecnología NFC y otros mecanismos reconocidos por las autoridades financieras. También establece que los gobiernos federal, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos digitales y electrónicos en trámites y servicios. Los proveedores que incorporen esos medios deberán contar con infraestructura para recibirlos, informar a sus clientes cuáles están disponibles y prever mecanismos ante fallas. Además, la CURP Digital podrá utilizarse en la contratación remota de servicios financieros y se contempla un Expediente Digital Ciudadano para consultar o utilizar documentación de las personas usuarias.
Uno de los puntos de mayor alcance es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para determinar posteriormente los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios digitales podrían convertirse en la única forma de pago. El régimen transitorio prevé que esa definición se haga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor y que, otros 15 días hábiles después, las autoridades responsables de cada sector emitan las reglas para una transición gradual. Si una contingencia impide cobrar por medios electrónicos, el proyecto permite recibir efectivo o cheque mientras subsista la falla.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron que la definición de esos sectores quede en manos de Hacienda y advirtieron posibles dificultades para personas sin acceso estable a internet, servicios bancarios o dispositivos digitales. Las reservas relacionadas con esos puntos no prosperaron y el proyecto fue enviado al Senado. Aunque en la discusión pública se han mencionado gasolineras y casetas de peaje como posibles actividades para la transición, el texto aprobado no las convierte por sí mismo en sectores obligados: esa determinación tendría que emitirse posteriormente si el Senado aprueba el proyecto, se completa el proceso legislativo y el decreto es publicado en el Diario Oficial de la Federación.
