Diputada Elena Segura propone derecho a muerte asistida con cuidados paliativos
La diputada federal de Morena, Elena Segura Trejo, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución e incorporar el derecho a una “muerte voluntaria asistida bajo las condiciones legales aplicables”, propuesta que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 2 de septiembre de 2026 y cuyo último trámite, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, aparece como “No se abordó”, por lo que hasta ahora no ha sido aprobada ni ha modificado el marco jurídico vigente.
El planteamiento establece que este derecho estaría sujeto a condiciones legales y a principios como la dignidad humana, la autonomía personal, el consentimiento libre e informado, la ausencia de coerción y una protección reforzada para personas en situación de vulnerabilidad, además de que antes de cualquier procedimiento se garantice el acceso a medicamentos, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico y atención integral, con el objetivo de que una decisión de este tipo no esté determinada por la falta de atención médica o por condiciones de abandono.
La iniciativa de Segura Trejo se suma a otros intentos legislativos para modificar las reglas sobre el final de la vida en México, entre ellos la llamada Ley Trasciende, iniciativa ciudadana redactada por la activista Samara Martínez y respaldada por legisladores de distintos grupos parlamentarios, que fue llevada al Senado en 2025 para modificar la legislación sanitaria y penal, a fin de permitir y regular la eutanasia bajo determinados requisitos, propuesta que fue recibida formalmente por la Cámara Alta el 28 de octubre de 2025 y posteriormente incorporada a la Gaceta Parlamentaria.
Actualmente, la Ley General de Salud continúa prohibiendo expresamente la eutanasia y el suicidio asistido en su artículo 166 Bis 21, mientras que la propuesta de Segura Trejo sigue una ruta distinta a la Ley Trasciende, al buscar incorporar la muerte voluntaria asistida directamente al artículo 4 constitucional, lo que implicaría modificar el texto de la Carta Magna y establecer una base constitucional para su eventual regulación.
