Ley de Bienestar Animal avanza en el Senado y plantea nuevas obligaciones
La Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales dio un nuevo paso en el Senado después de que comisiones unidas aprobaron el dictamen que busca establecer reglas de alcance nacional para la protección de los animales. La propuesta contempla responsabilidades para autoridades federales, estatales y municipales, además de obligaciones para quienes tengan animales bajo su cuidado. La votación en comisiones no significa que la legislación ya esté vigente, pues todavía debe continuar su trámite parlamentario.
Entre las disposiciones previstas se encuentra la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía y de Centros de Bienestar Animal, así como medidas para identificar y registrar a perros y gatos. El dictamen también plantea reglas para criaderos, establecimientos dedicados a la venta o resguardo de animales y personas responsables de su cuidado, además de disposiciones relacionadas con esterilización, vacunación, atención veterinaria y prevención del abandono y maltrato.
El alcance de la propuesta no se limita a perros y gatos. El proyecto incorpora disposiciones para animales utilizados en actividades productivas y establece principios de bienestar relacionados con alimentación, alojamiento, salud, manejo y transporte. También prevé obligaciones para refugios y centros de atención, mientras que las autoridades de los distintos niveles de gobierno tendrían que coordinar acciones y desarrollar instrumentos para aplicar la legislación dentro de sus respectivas competencias.
El contenido todavía puede modificarse durante el proceso legislativo. Tras su aprobación en comisiones, el dictamen deberá pasar al Pleno del Senado y completar las etapas constitucionales correspondientes antes de que pueda convertirse en una ley vigente. Hasta entonces, las disposiciones planteadas —incluidos registros, obligaciones y mecanismos de protección— deben entenderse como parte de un proyecto legislativo en curso y no como nuevas reglas que ya puedan exigirse a propietarios, refugios o establecimientos.
