Gobierno prepara decreto para retirar contenidos que inciten a la violencia
El Gobierno de México anunció la integración de un grupo de trabajo para preparar medidas dirigidas a las plataformas digitales después del ataque ocurrido un día antes en una secundaria de Torreón, Coahuila. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica coordinará los trabajos junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas y especialistas. El objetivo anunciado es establecer mecanismos para detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a actos violentos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que una de las medidas en preparación es un decreto para fijar obligaciones a las plataformas respecto de contenidos y comentarios que representen una incitación directa a la violencia. También señaló que las áreas de inteligencia deberán distinguir entre expresiones generales y amenazas concretas, para evitar que la simple consulta o interacción con determinado contenido sea considerada por sí misma una intención delictiva. El Gobierno prevé presentar el decreto la próxima semana, pero hasta este 2 de octubre no se ha publicado su texto ni existe una nueva obligación jurídica vigente para las empresas digitales.
El anuncio se produjo después del ataque del 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión de Torreón, donde murió la subdirectora y cuatro personas resultaron heridas. Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos y la Fiscalía de Coahuila investiga sus dispositivos electrónicos y posibles vínculos con contenidos o comunidades digitales relacionadas con episodios violentos. El fiscal Federico Fernández Montañez ha señalado que esa línea forma parte de la investigación, pero todavía no se ha establecido públicamente que una plataforma o publicación específica haya causado el ataque.
La definición jurídica será clave para conocer qué publicaciones quedarían comprendidas, qué autoridad solicitaría su retiro, bajo qué criterios y qué mecanismos tendrían las plataformas o las personas usuarias para impugnar decisiones. Sheinbaum planteó que las empresas digitales asuman responsabilidades preventivas frente a contenidos violentos, mientras el Gobierno trabaja en la regulación. Hasta que el decreto sea publicado y pueda revisarse su alcance, la medida debe entenderse como una política en elaboración y no como una regla ya aplicable a redes sociales o servicios digitales.
