EU mantiene a México en lista antidrogas; Sheinbaum cuestiona el reporte
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió, en Palacio Nacional, a la determinación antidrogas que el gobierno de Estados Unidos envió al Congreso el 15 de septiembre y difundió al día siguiente. La mandataria rechazó que México deba ser “juzgado desde afuera” y sostuvo que Washington también debe rendir cuentas sobre el consumo y la distribución de drogas dentro de su territorio, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.
El documento estadounidense incluye a México entre 23 países considerados de tránsito relevante o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027. Sin embargo, no lo coloca entre los cuatro gobiernos señalados por haber “fallado demostrablemente” en sus compromisos antidrogas durante los 12 meses anteriores: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. La propia determinación aclara que aparecer en la lista general no necesariamente refleja la actuación antidrogas de un gobierno, pues también toma en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos.
En el apartado dedicado a México, la administración de Donald Trump reconoce mayores decomisos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue adicional de fuerzas en la frontera, pero exige nuevas medidas. Entre ellas menciona aumentar las inspecciones en puntos de entrada, reforzar la inversión en seguridad y exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan ayudado a los cárteles. Sheinbaum respondió que su gobierno actúa cuando existen pruebas contra servidores públicos vinculados con ilícitos, sin importar su filiación política.
La presidenta también pidió revisar qué hace Estados Unidos frente a sus redes internas de distribución, el lavado de recursos y el flujo de armas hacia territorio mexicano, y defendió la cooperación bilateral bajo respeto a la soberanía. La diferencia entre la lista general y la categoría de “incumplimiento demostrable” es clave para leer el informe: México permanece identificado como país relevante para el tránsito o producción de drogas, pero la determinación de 2027 no lo ubica en el grupo de cuatro países con esa designación específica. Esa segunda categoría es la que la legislación estadounidense vincula con posibles restricciones de asistencia, sujetas a excepciones por interés nacional.
